En el decreto para derogar parcialmente una de las reformas consideradas como “mordaza” para libertad de prensa, la Asamblea Legislativa afirmó que durante el régimen de excepción no se ha perseguido o menoscabado “de ninguna manera la labor de los medios de comunicación”, pero esta afirmación es falsa frente a las denuncias de vulneración registradas por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Por Melissa Países
En abril de 2022, los diputados del bukelismo promovieron esta restricción a la libertad de expresión que imponía penas de entre 10 y 15 años de prisión por divulgar mensajes relacionados con las pandillas, lo que era una criminalización de la labor periodística, según denunciaron expertos.
Entre marzo de 2022 y julio de 2023 la APES registró un total de 385 agresiones contra la libertad de prensa, de las cuales 76 fueron cometidas estrictamente bajo el contexto del primer año del régimen de excepción.
Si bien la mayoría de vulneraciones son cometidas directamente contra periodistas, estas menoscaban la labor de los medios dado que afectan la libre realización de coberturas que nutren su agenda. En julio de 2023, durante la presentación de un informe, la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, dijo que las cifras de denuncias podrían ser mayores, si no fuera por el temor de los periodistas a las represalias.
Los principales tipos de agresión registradas por la APES fueron las declaraciones estigmatizantes, la intimidación y la retención arbitraria, y sus mayores perpetradores fueron la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, siendo esta una muestra de la arbitrariedad con la que operan los cuerpos de seguridad bajo el régimen de excepción contra la prensa.
“Es más frecuente (durante el régimen) que militares y policías agredan a periodistas, les impidan realizar su trabajo y acceder a instalaciones públicas, decomisen sus equipos, revisen el material que hayan filmado o fotografiado y les obliguen a borrarlo”, dice el informe Régimen de excepción y afectación a la libertad de prensa y libertad de expresión en El Salvador de la APES.
Como ocurrió en marzo de 2022, cuando un periodista de El Diario de Hoy realizaba una cobertura y un grupo de soldados lo arrodilló, lo intimidó y lo obligó a borrar el material fotográfico que había hecho.
Sin embargo, las denuncias no se limitan a la restricción del ejercicio periodístico durante las coberturas.
Entre las denuncias recibidas por la APES, destacan la movilización de al menos 15 periodistas, dos de ellos en exilio permanente, por temor a repercusiones legales y el caso del periodista comunitario Víctor Barahona, quien estuvo en prisión durante once meses, acusado de pertenecer a agrupaciones ilícitas.
Durante ese periodo, Barahona denunció haber sufrido torturas y malos tratos, estando incluso al borde de la muerte debido a la falta de atención médica adecuada para sus problemas de salud crónicos.
Reforma mordaza
En abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud del presidente Nayib Bukele de reformar el Código Penal a fin de imponer penas de hasta 15 años de prisión para aquellos que difundan mensajes producidos presuntamente por pandillas a través de los medios de comunicación.
“En igual sanción incurrirán quienes, por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico a la población en general”, decía el artículo 345-C del Código Penal incorporado por el bukelismo y derogado parcialmente.
Esta medida fue catalogada por la APES como “un intento de censura y criminalización” a los medios de comunicación y periodistas que informan sobre la situación de violencia por las pandillas, “una realidad que la actual administración busca esconder”.
La reforma levantó las alarmas sobre el ejercicio de periodistas que cubren temas de violencia, debido a que “para funcionarios y operadores estatales, el entrevistar fuentes sobre el tema de violencia y pandillas en el país y publicar material al respecto puede ser considerado como un delito”, según recogió la Asociación en su informe.
A las denuncias se sumaron el relator especial de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quienes señalaron el intento de censura.
A 17 meses desde su aprobación, los mismos diputados oficialistas que promovieron la reforma, fueron quienes solicitaron la derogatoria, dándola por aprobada el 1 de noviembre con dispensa de trámite argumentando la “efectividad de las políticas de seguridad y las acciones del Estado para detener la difusión de mensajes que generan zozobra en la población”.
Durante la discusión en el pleno, el diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto, justificó la aprobación de la medida en su momento debido a que presuntamente las pandillas se atribuían “tareas que le corresponden al Estado” y estas eran retomadas por los medios de comunicación.
“Era indispensable mermar esa posibilidad y que no hubiese la posibilidad de que ellos pudiesen difundir esos comunicados de grupos delincuenciales, ahora que estamos ganando por completo la guerra contra las pandillas, podemos derogar el artículo”, justificó.
Pese a estar de acuerdo con la derogatoria, la diputada de ARENA, Rosa Romero dijo que la reforma coartó la libertad de prensa y agregó “espero que hayan reconocido, que se están retractando y no que sea una tarea que están cumpliendo”.
