¿Qué es la lista Engel y por qué los expresidentes Mauricio Funes y Sánchez Cerén fueron incluidos?

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La actualización del  listado de Actores Corruptos y Antidemocráticos de Estados Unidos, a diferencia de años anteriores en los que contó con funcionarios actuales y cercanos a Nayib Bukele, incluyó únicamente exfuncionarios de administraciones pasadas. Políticos cercanos al FMLN, Arena y Nuevas Ideas son el grueso del listado.

Melissa Paises

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer la actualización de su lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, también conocida como lista Engel por el apellido del congresist Eliot Engel, y su principal novedad fue la inclusión de los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

En esta lista se identifica a personas que “se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticas, se han involucrado en actos de corrupción significativos o han obstruido las investigaciones de dichos actos de corrupción en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua”. 

Este listado data de 2020 cuando el congreso estadounidense promulgó la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos como un mecanismo para  “fortalecer la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción” en Centroamérica.

Año con año este listado se actualiza, y entre las figuras salvadoreñas que han sido señaladas en ediciones anteriores destacan funcionarios de la administración de Nayib Bukele, como la jefa de gabinete de gobierno, Carolina Recinos, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

El listado de 2023 se mantuvo al margen del actual gobierno salvadoreño, pese a los señalamientos de violaciones a los derechos humanos y al anuncio y ratificación de la candidatura para la reelección del presidente Bukele, prohibida por la Constitución.

En esta edición figuran por lavado de dinero y desvío de fondos públicos los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, tres exfuncionarios del Banco Hipotecario y Miguel Menéndez, conocido como “Mecafé”, presidente de CIFCO durante la presidencia de Funes.

Estos son los nombres de la actualización de 2023 y los motivos por los que fueron incluídos:

1. Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador.

“Por estar involucrado en importantes actos de corrupción al orquestar y participar en varios esquemas que implican sobornos, malversación de fondos y lavado de dinero mientras era presidente, saqueando cientos de millones de dólares de las arcas del Estado.”

Ante su inclusión en la lista, Funes reaccionó en su cuenta de Twitter: “No me extraña que Estados Unidos me haya incluido en la más reciente actualización de la lista Engel siendo que la Embajada de ese país ha jugado un papel relevante en el montaje del caso Saqueo Público y ha consentido las arbitrariedades del proceso”.

Mauricio Funes vive en Nicaragua desde 2016 y adquirió la nacionalidad de ese país, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos. En El Salvador es procesado por el desvío de $351 millones de fondos públicos.

En 2023, y luego de las reformas al Código Procesal Penal para juzgar a los imputados en su ausencia, Funes fue condenado a ocho años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas, seis años por incumplimiento de deberes y seis por evasión de impuestos. 

2. Salvador Sánchez Cerén, expresidente y exvicepresidente de El Salvador.

“Por participar en importantes actos de corrupción por lavado de dinero durante su tiempo como vicepresidente, recibiendo a cambio más de $1.3 millones de fondos públicos, y participando en un esquema para desviar $183 millones de fondos públicos hacia cuentas personales mientras ejercía como presidente”.

Sánchez Cerén también está en Nicaragua, recibió la nacionalidad de este país en 2021, y tiene tras de sí una orden de captura por malversación de fondos públicos. 

3. José Miguel Antonio Menéndez Avelar, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones, conocido como “Mecafé”.

Por presuntamente involucrarse en corrupción al redirigir un contrato de $8.4 millones del Ministerio de Obras Públicas para la construcción del puente San Isidro, ubicado en Chalatenango, al empresario guatemalteco Luis Eduardo de la Cruz Calderón. “A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un avión pequeño, un Beechcraft King Air 90, como regalo”, dice el comunicado.

4. Carlos Alberto Ortiz, expresidente del Banco Hipotecario.

“Por cometer lavado de dinero de $97 millones y recibir $72,000 a cambio”.

5. Carlos Enrique Cruz Arana, exvicepresidente del Banco Hipotecario.

“Por cometer lavado de dinero de $94.5 millones y recibir $64.500 a cambio”.

6. Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario.

“Por cometer lavado de dinero de $177 millones y recibir $78,000 a cambio”.

Las personas incluidas en este listado pierden la posibilidad de entrar a Estados Unidos y sus documentos legales, como la visa, son revocados.

Los personajes que componen la lista 2021 y 2022

En ediciones anteriores se incluyeron en la lista a funcionarios de anteriores y de la actual administración, algunos de ellos cercanos al gobierno de Nayib Bukele, como asesores, ministros y magistrados.

En la primera publicación del listado, en julio de 2021, se incluyeron 14 personas, entre ellas funcionarios públicos. Se detallan los hechos que EE.UU. atribuye a estas personas: 

  • Carolina Recinos, jefa de gabinete del gobierno, “por participar en actos de corrupción al usar indebidamente fondos públicos en beneficio propio y por participar en mecanismo de lavado de dinero”. En junio de 2023 fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por favorecer a su nuera con una beca. Aún conserva su cargo. 
  • Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, “por actuar contra instituciones o procesos democráticos al contribuir a la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general”. Aún conserva su cargo. 
  • Rolando Castro, ministro de Trabajo, “por obstaculizar investigaciones sobre corrupción y actuar contra instituciones o procesos democráticos”. Aún conserva su cargo.
  • Osiris Luna, director de Centros Penales, “por actos de corrupción vinculados a contratos públicos y sobornos durante su función”.
  • Walter Araujo, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, “por actuar contra instituciones o procesos democráticos al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa”. Actualmente dirige un canal de YouTube en el que muestra su apoyo a la actual administración y constantemente consigue pautas de instituciones públicas.
  • Pablo Ánliker, exministro de Agricultura, “por apropiación de fondos públicos”. En abril de 2021 dejó de ser el titular del ministerio de Agricultura para pasar a ser viceministro en la misma institución. En mayo del mismo año fue removido de su cargo. 
  • José Luis Merino, exviceministro en el gobierno del FMLN, “por participar en actos de soborno y de lavado de dinero”.
  • Ezequiel Milla Guerra, concejal y exalcalde de La Unión, “por participar en la venta de la Isla de Perico a China a cambio de beneficios personales”.
  • Enrique Rais, empresario señalado de “participar en actos de corrupción y soborno a funcionarios públicos”. 
  • Carlos Reyes, diputado de ARENA, “por obstaculizar investigaciones de corrupción al influir indebidamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”. El partido ARENA lo expulsó de sus filas después de su inclusión en el listado.
  • Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, “por cometer fraude y uso indebido de fondos públicos”. En 2021, la Fiscalía lo acusó de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes.
  • Rogelio Rivas, exministro de Seguridad, “por actos de corrupción al apropiarse de fondos públicos”. En 2021 el ahora ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que Rivas continuaba laborando dentro de la institución.
  • Adolfo Salume, empresario “señalado por soborno a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.
  • Guillermo Wellman, magistrado del TSE, “por provocar demoras graves en el proceso electoral y escrutinio en beneficio propio”. Aún conserva su cargo y ha evitado pronunciarse sobre el anuncio de la reelección presidencial.

En septiembre de 2021 se agregaron al listado Elsy Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahun Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional elegidos de forma irregular por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, por “socavar procesos o instituciones democráticas al aceptar nombramientos en un proceso que parece haber contravenido la Constitución salvadoreña”.

Bukele, su Gobierno y sus aliados impulsan la reelección presidencial inmediata basados en una resolución de estos funcionarios, que EE.UU. catalogó de inconstitucional y por el que les llamó “leales” al Ejecutivo, que no debe tener efectos generales, según expertos. 

En la edición de julio de 2022 se agregaron seis personas, entre ellos miembros del gabinete de Gobierno: 

  • Javier Argueta, secretario jurídico de la Presidencia, “por participar en la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contrariando lo establecido en la Constitución”. 
  • Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, “por desvirtuar los procesos o instituciones democráticas al presentar una reforma  que sanciona con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandilleros en los medios de comunicación”. Aún conserva su cargo y buscará su reelección en 2024.
  • José Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la Presidencia, “por socavar los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de la Presidencia para presionar a funcionarios de los partidos políticos de oposición para que renuncien bajo la amenaza de ser acusados ​​penalmente”. Aún conserva su cargo.
  • Wilfredo Salgado, alcalde de San Miguel, “por tráfico de drogas y lavado de dinero”.
  • René Figueroa, exministro de Seguridad en el gobierno de Antonio Saca, “por lavado de $3 millones de fondos públicos para uso personal”.
  • Cecilia de Figueroa, esposa del exministro René Figueroa, “por lavado de $3 millones de fondos públicos junto a su esposo”.

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