Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Infodemia solicitó la información relacionada con las solicitudes y entrega de pasaportes para inversionistas de bitcóin, pero las autoridades de Migración y Extranjería negaron su existencia.
Este 7 de septiembre se cumplen dos años desde que El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal, pero desde su implementación el manejo de los fondos y los presuntos beneficios se han mantenido en la opacidad.
