Durante el gobierno de Bukele, el Estado otorgó 23 contratos de manera directa por más de $218.5 millones, pagó casi el doble por unos puentes anunciados en $24.4 millones y dejó inconclusas 19 obras comunitarias en el oriente del país.
El Estado salvadoreño no asistió a dos audiencias de la CIDH en Panamá, donde organizaciones denunciaron capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción.
Infodemia solicitó la información relacionada con las solicitudes y entrega de pasaportes para inversionistas de bitcóin, pero las autoridades de Migración y Extranjería negaron su existencia.
Este 7 de septiembre se cumplen dos años desde que El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal, pero desde su implementación el manejo de los fondos y los presuntos beneficios se han mantenido en la opacidad.
