Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador declaró la reserva de la propuesta presentada por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo argumentando que hacerlo público generaría una “ventaja indebida”.
