Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
El Ministerio de Hacienda de El Salvador declaró la reserva de la propuesta presentada por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para convertir la deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo argumentando que hacerlo público generaría una “ventaja indebida”.
