Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
Solo la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) generada por el Gobierno de Nayib Bukele desde abril de 2023, tras una reforma aprobada en la Asamblea Legislativa, asciende a $1,789 millones, un 63 % más que al cierre del 2023.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, hizo el señalamiento durante la última sesión plenaria del 2023 de la Asamblea de que el Gobierno y las AFP acordaron que no se pague rentabilidad de la deuda de pensiones, la que es cierta.
