La Asamblea Legislativa aprobó de forma exprés una reforma a la Constitución para avalar la cadena perpetua en casos de homicidios, violaciones y terrorismo, para ello se alista una modificación del Código Penal. ¿Los cambios podrían alcanzar a funcionarios del actual Gobierno, sancionados por EEUU por supuestas negociaciones con las pandillas?
En resumen:
- La Asamblea Legislativa aprobó de forma expedita una reforma a la Constitución para avalar la cadena perpetua.
- Según modificaciones al Código Penal se considera agravado los casos que involucren a negociadores con pandillas.
- Al menos dos funcionarios del Gobierno de Bukele han sido señalados de participar en reuniones secretas con grupos criminales.
Redacción Infodemia
En un hipotético proceso penal, al menos dos funcionarios actuales del Gobierno de Nayib Bukele podrían enfrentar la cadena perpetua por su supuesta participación en negociaciones con pandillas, atribuidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo a las propuestas de reformas al Código Penal que planteó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
Los diputados aprobaron el martes 17 de marzo una reforma constitucional de forma expedita para permitir la pena de prisión perpetua en casos de homicidios, violaciones y terrorismo, en un intento por mantener a los miembros de pandillas encarcelados por largos períodos.
En el documento de reforma al Código Penal presentado por el Ejecutivo se crea el artículo 345-4, que establece la cadena perpetua por la “pertenencia a organización criminal o terrorista” y prescribe los casos en que se considera agravada.
En el literal c de este artículo se incluye a quien “a sabiendas de su ilegalidad, reciba provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones”.
Mientras tanto, en el literal d se menciona a “el que por sí o por medio de otro, solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispensar ilegalmente a otro u otros, la aplicación de las disposiciones de la ley, u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de estas organizaciones”.
Por su parte, el literal e agrega que también serán considerados parte de una organización terrorista, por lo tanto susceptibles a ser condenados a cadena perpetua, “los que, en calidad de intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes, promuevan o participen en las conductas a que se refiere el número anterior”.
En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Director de Reconstrucción de Tejido Social, Carlos Marroquín y el Director de Centros Penales, Osiris Luna bajo la Orden Ejecutiva 13818 involucrados en supuestos abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción.
“(Luna y Marroquín) dirigieron, facilitaron y organizaron varias reuniones secretas con líderes de pandillas encarcelados, en las que se permitió a miembros conocidos de la pandilla ingresar a las instalaciones penitenciarias y reunirse con altos mandos. Estas reuniones formaban parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador para negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas”, señaló un comunicado oficial.
El reporte estadounidense señaló que en 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele otorgó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia pandillera y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos.
Agregó que durante estas negociaciones con Luna y Marroquín, los líderes pandilleros también acordaron brindar apoyo político al partido Nuevas Ideas en las elecciones de un año después.
“Nuevas Ideas es el partido político del presidente y obtuvo una supermayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de 2021”, mencionó el documento de los Estados Unidos.
Estos señalamientos han sido negados por el Gobierno de Bukele.
La reforma a la Carta Magna, de 1983, llegó al pleno en respuesta a un informe de expertos internacionales que señalaron posibles crímenes de lesa humanidad de parte del Gobierno de Bukele durante el régimen de excepción, que en cuatro años de vigencia ha detenido a más de 90.000 personas.
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