El gasto de publicidad del bukelismo

El Gobierno del presidente Nayib Bukele y diversas instituciones públicas controladas por el oficialismo adjudicaron al menos $76.61 millones de fondos estatales para financiar una robusta maquinaria de publicidad y de consultoría mediática durante los últimos siete años, incluidos contenidos desinformantes, según procesos de compra y contratos de la administración revisados por Infodemia.

Entre junio de 2019 y los primeros siete meses de 2026, los fondos públicos se canalizaron a agencias privadas para desarrollar campañas nacionales e internacionales, pautas en medios, gestión de redes sociales, montaje de eventos y monitoreo de noticias para cerca de 200 entidades del Estado.

En este recuento se excluyeron procesos anteriores al 1 de mayo de 2021 de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, cuando el bukelismo tomó control de estos dos órganos de Estado. Tampoco se tomaron en cuenta procesos de las alcaldías de antes del 1 de mayo de 2024, Universidad de El Salvador (UES) y organizaciones no gubernamentales.

Los datos analizados revelan que el gasto en comunicación ha mantenido una tendencia al alza desde que Bukele asumió el poder a mediados de 2019. En sus primeros seis meses de gestión, el popular mandatario erogó un aproximado de $2.57 millones. La cifra creció a $3.89 millones en 2020, a $9.15 millones en 2021 y alcanzó los $15 millones en 2022.

Los registros muestran que el monto descendió a $8.5 millones en 2023 y apenas se destinaron $323 mil en 2024, año en el que Bukele ganó la reelección inmediata, pese a las restricciones de la Constitución, señaladas por expertos.

El gasto se disparó nuevamente en 2025 hasta los $17.29 millones, mientras que entre enero y julio de este año, se registra una asignación de $19.68 millones, la cifra más alta de su gestión.

El presupuesto destinado a la proyección de la imagen estatal contrasta con las prioridades de inversión social del país. Por ejemplo, los $19.68 millones canalizados en 2026 superan ampliamente los $500 mil asignados al Programa de Erradicación de Pobreza a nivel nacional.

Los datos apuntan también a que este gasto es superior al realizado por gobiernos anteriores al de Bukele. Por ejemplo, datos de la Presidencia indican que la adjudicación de recursos para publicidad entre agosto de 2016 y diciembre de 2018 fue de $2.98 millones.

El promedio mensual es de $102 mil mientras que después de junio de 2019 ha llegado a $870 mil.

El uso de fondos públicos para financiar el gasto de publicidad en el Gobierno de Bukele es uno de los secretos más celosamente guardados por las autoridades, que en 2021 declararon bajo reserva la información.

En enero de 2020, según la resolución de acceso a la información pública de Presidencia Ref. UAIP 648-2019, se declaró la inexistencia de “información sobre los Servicios de Agencias de Publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas del Presidente, para el período de octubre a diciembre de 2019”, la entidad dio esta resolución por “no generarse contrataciones de agencias de publicidad” en el referido período.

Un año después, de acuerdo a la resolución de negación más antigua de información sobre publicidad localizada (Ref. UAIP 016-2021) se declaró información reservada por un período de 5 años, por ser información que “pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero».

Mientras tanto, en las redes sociales y medios de comunicación afines a la administración se despliega una nutrida difusión de mensajes enfocados en mantener la imagen del presidente y los resultados de su gestión.

Bukele, un publicista de 45 años de edad, ha utilizado su experiencia en el ramo y las plataformas digitales para consolidar su marca política dentro y fuera del país centroamericano. Analistas señalan que la centralización de sus mensajes se ha visto favorecida por el control que ejerce sobre distintas instituciones del Estado.

El mandatario goza de un 87.8% de aprobación de los salvadoreños en su séptimo año de gestión, principalmente por el éxito en la estrategia de seguridad en contra de las pandillas, según la última encuesta realizada por la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un tanque de pensamiento con sede en Washington, destaca que el método emplea grandes producciones audiovisuales tipo documental que promueven su imagen de “hombre fuerte” para respaldar su política de mano dura de una forma eficaz e innovadora.

En los diferentes espacios comerciales de la televisión abierta se transmiten anuncios extensos, en horarios de máxima audiencia, con mensajes que apelan principalmente al riesgo de volver a sufrir el flagelo de la criminalidad de las pandillas si la oposición gana terreno.

Por otro lado, la publicidad oficial también hace énfasis en el cambio de imagen de un país en paz que garantiza los valores familiares y la apuesta por el turismo.

Los contratistas principales

Para reconstruir este rompecabezas financiero, un equipo de periodistas revisó más de 2.154 procesos de un consolidado de dos fuentes: Comprasal, un sitio en desuso desde hace varios meses de la extinta Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC), y el registro de adjudicaciones de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC).

Estos datos son un camino de migajas dejadas por las autoridades, dado que el principal manejador del aparato de propaganda es la Presidencia de la República, institución que ha colocado su gasto directo como información reservada y no registra sus compras en los sitios públicos desde 2019.

Casa Presidencial no respondió a una solicitud de información pedida por Infodemia a la Secretaría de Comunicaciones, dirigida por Sofía Medina. Al cierre de la edición de esta investigación, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia pidió una aclaración a una solicitud de acceso a información pública sobre el gasto del Ejecutivo en publicidad.

La base de contratación pública registra más de 2.000 adjudicaciones distribuidas entre unas 410 empresas y personas naturales proveedoras de servicios de comunicación y marketing.

La firma APEX Publicidad S.A. de C.V. figura como la principal contratista, al acumular $30.29 millones adjudicados, según los datos recabados, mediante 16 contratos independientes con seis instituciones públicas. De esa cantidad, la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) le adjudicó $24.6 millones para campañas nacionales e internacionales entre 2019 y 2026.

Al cierre de la edición de este texto, CORSATUR únicamente dio por recibida y admitió una solicitud de información relacionada con el gasto en publicidad.

Asimismo, APEX Publicidad obtuvo contratos con el Ministerio de Salud por $4.8 millones para cuatro proyectos de publicidad institucional y difusión de mensajes educativos sobre la pandemia del COVID-19 entre 2020 y 2022. El resto de sus ingresos provino de contratos menores con el Fondo Solidario para la Salud ($450 mil), el Ministerio de Desarrollo Local ($250 mil), el Banco de Desarrollo de El Salvador ($140 mil) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (más de $13 mil) para pauta digital en redes sociales durante 2023.

En el desglose de las compañías más frecuentemente seleccionadas destaca Lemusimún Publicidad S.A. de C.V., firma que recibió $9.40 millones distribuidos en 25 contratos publicitarios para el Ministerio de Hacienda, Bandesal, Ministerio de Educación, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre otras.

Otras siete agencias de publicidad recibieron adjudicaciones que en total superan el millón de dólares:

Ninguna de las empresas mencionadas respondió a una solicitud de información realizada por Infodemia, dirigidas a correos electrónicos.

El muro de la opacidad institucional

Mediante el uso de un lenguaje cinematográfico, campañas de expectación y narrativas diseñadas bajo lógicas de tensión o conflicto, el mandatario capta la atención de las audiencias tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la rendición de cuentas no suele formar parte del guion oficial.

Especialistas en transparencia consultados por Infodemia advirtieron que, a pesar de la exhaustividad de este análisis, la base de datos estatal podría presentar vacíos que impiden determinar la totalidad exacta del gasto.

La falta de divulgación de la totalidad de los contratos podría reñir con un convenio que el Gobierno salvadoreño mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un Acuerdo de Servicio Ampliado por el monto de $1.4 mil millones a 40 meses.

“Se seguirán realizando esfuerzos para mejorar la información financiera pública, la transparencia sobre la titularidad real y los mecanismos de rendición de cuentas, en consonancia con las mejores prácticas internacionales”, señaló el FMI el 3 de septiembre luego de realizar revisiones sobre el acuerdo.

Según los analistas, en los últimos años el Gobierno ha implementado una política sistemática para ocultar información, como la desactualización de los datos en los portales de transparencia de las instituciones públicas y las declaratorias de reserva.

El mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos ha documentado este desmantelamiento de los mecanismos de fiscalización en un informe sobre el clima de inversión en El Salvador.

“En agosto de 2020, el presidente Bukele firmó un decreto que permitía la presentación de ofertas para servicios contractuales por correo electrónico y eliminaba la obligación de los licitadores de registrarse en línea en el sistema de compras públicas (Comprasal)”, señala el documento oficial de Washington.

El informe añade que dicha medida “eximió a los funcionarios de compras de la responsabilidad de mantener un registro de las empresas y personas que reciben los documentos de licitación”, señaló.

El informe Publicidad oficial, medios y libertad de expresión, publicado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), señala que el partido oficial en la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en siete ocasiones entre 2021 y 2023.

Posteriormente, la LACAP fue derogada y sustituida por la Ley de Compras Públicas (LCP), vigente desde el 25 de enero de 2024. El artículo 38 de esta nueva normativa establece cuatro procedimientos de compra, entre ellos la contratación directa.

Este mecanismo “habilita —sin freno alguno— discrecionalidad y opacidad para definir la asignación de publicidad oficial”, señala el estudio de OBSERVACOM, una organización regional que promueve políticas públicas para garantizar ecosistemas informativos plurales y diversos, con sede en Uruguay.

El Gobierno de Bukele benefició a empresa ligada a Bukele

El Gobierno de Nayib Bukele adjudicó a la agencia OBERMET S.A. de C.V., una corporación vinculada a su núcleo familiar, un contrato por más de $108 mil para el diseño, producción y difusión de las estrategias de comunicación del Ministerio de Salud, apenas tres meses después de haber asumido la presidencia de El Salvador.

De acuerdo con el aviso oficial de adjudicación en firme, alojado en el sistema electrónico de compras públicas Comprasal, la cartera de Salud otorgó el contrato a la compañía de la familia presidencial el 26 de septiembre de 2019.

La licitación bajo el código DR-CAFTA (No. 06/2019) estipulaba que los servicios serían financiados en su totalidad con recursos del Fondo General del Estado.

Los términos de referencia del contrato detallan que la empresa OBERMET fue contratada para ejecutar servicios de publicidad impresa, difusión aérea, gestión de agencias de medios, monitoreo de satisfacción e inserción de pauta comercial en medios de comunicación.

La relación de la familia presidencial con la compañía es de larga data. Fundada en agosto de 1978, OBERMET S.A. de C.V. ha estado bajo el control directo de los Bukele y personas de su confianza.

Según exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Nayib Bukele ejerció como representante de la agencia desde 2004 hasta 2012, luego traspasó sus acciones a su hermano, Karim Bukele, en mayo del último año de su gestión.

En la actualidad, Karim Bukele opera como uno de los estrategas políticos y asesores de mayor confianza del mandatario en la Casa Presidencial, a pesar de no ostentar un nombramiento formal ni un cargo público oficial en el organigrama del Estado.

Pese a tratarse de fondos públicos, la administración de Bukele ha mantenido el expediente bajo un esquema de opacidad.

En la sección de adjudicaciones de Comprasal, una notificación oficial confirma que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) “no ha cargado la versión pública del documento de contratación”, ocultando así los detalles específicos.

Casa Presidencial no respondió a una solicitud de comentario realizada por Infodemia, señalando el conflicto de interés. Tampoco se logró establecer contacto con OBERMET.

Socios, pero enemigos públicos

Aunque Nayib Bukele fue expulsado del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en octubre de 2017 por criticar al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) y por “sembrar división” al interior del instituto político, la empresa de su familia siguió siendo favorecida con contratos, incluso, después de haber ganado las elecciones.

OBERMET S.A. de C.V. recibió un contrato con la saliente administración por más de $231 mil para servicios de creación de estrategias de comunicación, diseño, producción y difusión para el Fondo Solidario para La Salud (FOSALUD).

El acuerdo con referencia LP-08/2019 fue suscrito el 12 de abril de 2019, según los documentos revisados en el sistema electrónico de compras públicas, semanas después de que Bukele ganó los comicios presidenciales en febrero de ese año.

El complemento de este proyecto fue adjudicado a la empresa ANLE, S.A. de C.V. por una cantidad de $319 mil, para alcanzar un total de $551 mil entre ambas firmas.

Sin embargo, no es la primera vez que la empresa vinculada a la familia Bukele es cuestionada por, supuestamente, ser beneficiada con adjudicaciones de contratos con instituciones públicas.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sídney Blanco, comentó en el programa Focos que, entre 2012 y 2016, OBERMET S.A. de C.V. ganó 38 licitaciones con instituciones públicas pese a que Nayib Bukele era alcalde de San Salvador y la ley prohíbe a un miembro del consejo ofertar en licitaciones de administración pública.

El jurista dijo que Bukele habría cometido un fraude, al realizar un acto simulado para cumplir un mandato legal, ya que, para poder ofertar, el actual presidente debió estar desvinculado de la empresa de una forma objetiva, real y demostrable, pero no lo hizo, puesto que recibió dinero en concepto de donaciones familiares que no declaró ni pagó impuestos.

En julio de 2018, el Fiscal General, Douglas Meléndez, informó que había iniciado una investigación contra Nayib Bukele por no justificar el origen de ingresos por $846 mil.

La Fiscalía, ahora presidida por Rodolfo Delgado, un funcionario leal a Bukele, no respondió a la consulta sobre los avances de la investigación en contra del mandatario.

El bukelismo destinó $1.36 millones para financiar a Diario El Salvador, un medio desinformante

Más de un centenar de instituciones estatales controladas por el oficialismo de Nayib Bukele aportaron mensualmente fondos públicos para comprar espacios de publicidad en Diario El Salvador (registrado legalmente como El Diario Nacional, S.A. de C.V.), el principal medio de divulgación de mensajes del gobierno y desinformante.

Desde octubre de 2020 a enero de 2024, diferentes instituciones y empresas públicas emitieron 361 contrataciones por un valor de $1.36 millones, según procesos de contratación pública revisados por Infodemia, a favor de Diario El Salvador (DES).

Los rangos de estas adjudicaciones rondan entre $14 y $300 mil, que incluyen publicaciones de edictos, anuncios clasificados, convocatorias, avisos, pronunciamientos, suscripciones al periódico y resultados de procesos de licitación, en un proceso de gasto hormiga para mantener al medio.

Del total de adjudicaciones, 275 fueron contrataciones individuales por montos inferiores a $500 por similares servicios.

Antes del lanzamiento de Diario El Salvador, estas cantidades de dinero eran distribuidas en diferentes medios de comunicación del país, pero a partir de octubre de 2020, las autoridades concentraron estos recursos en dicho medio.

El principal benefactor de Diario El Salvador en los datos rastreados es la Corte Suprema de Justicia con $504 mil en tres contratos.

Pero este no es el único medio de financiamiento con fondos estatales de Diario El Salvador, que de acuerdo con una investigación del medio salvadoreño Factum pertenece a la empresa “Perforadora Santa Bárbara, una de las empresas de La Geo, propiedad de Grupo CEL (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa)”.

La Revista Elementos informó en febrero de 2022 que “el Gobierno de Nayib Bukele gastó entre septiembre y diciembre de 2020 un total de 2 millones de dólares para mantener a Diario El Salvador” en préstamos realizados entre las mismas empresas estatales. Además, en 2020 DES habría registrado pérdidas por 233.084 dólares.

En enero de 2023, Revista Elementos publicó que el estatal Banco Hipotecario le prestó a DES un monto de $3.4 millones.

El medio desinformante

Desde su creación en 2020, el contenido del diario está destinado para resaltar logros gubernamentales en materia de seguridad, economía, proyectos de infraestructura, exaltar la imagen del presidente Bukele y desacreditar a voces críticas del oficialismo.

Según su página oficial “Diario El Salvador surge como una propuesta informativa seria, compleja y novedosa, donde le daremos voz a los que han estado excluidos de la narrativa del resto de medios”.

Pero, diversas verificaciones realizadas por Infodemia encontraron que Diario El Salvador difunde en sus contenidos información falsa, engañosa, manipulada o fuera de contexto.

Por ejemplo, el periódico oficialista afirmó en su portada del 16 de enero de 2022 que el Ejército y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) habían firmado una amnistía de los crímenes de guerra perpetrados en el conflicto armado interno de 1980 a 1992.

La afirmación es falsa, lo que se firmó en 1992 fueron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra, la amnistía para estos crímenes fue tomada en marzo de 1993 por la Asamblea Legislativa.

Diario El Salvador también publicó que la “deuda pública de El Salvador se redujo cinco puntos en 2022”, sin embargo esta información es falsa, ya que lo que se redujo fue la relación de la deuda con el producto Interno Bruto (PIB).

El impreso también desinformó en la cobertura de las elecciones generales de 2024, al afirmar que la oposición exigía que se contaran los votos nulos como válidos, cuando en realidad, pidieron exhibir los votos nulos, para ver si se habían catalogado correctamente en las juntas receptoras de votos.

Algunas verificaciones realizadas a contenido de DES por Infodemia.

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Leopoldo Maldonado, dijo que la distribución discrecional de fondos públicos puede usarse como “censura” contra medios críticos.

“Tiende a utilizarse este presupuesto como premio o mordaza. Es decir, premiar las líneas editoriales que finalmente son favorables al gobierno en turno y castigar a las que no lo son”, comentó Maldonado a Infodemia.

Añadió: “Es necesario establecer parámetros con base en derechos humanos para que no se esté utilizando recursos públicos vía publicidad oficial, precisamente para desinformar o para mentir. Siempre eso es un equilibrio muy delicado. Pero lo que sí se puede establecer son ciertos parámetros y ciertas condicionantes”, comentó el relator Maldonado a Infodemia.

Casa Presidencial no respondió a una solicitud de información sobre la línea editorial y el contenido desinformante en Diario El Salvador.

De Saca a Bukele: los mandatarios comparten agencias

Una empresa de publicidad y una sociedad de radios que fueron acusadas de supuestamente lavar dinero público en una red de corrupción durante la presidencia de Antonio Saca, también figuran como contratistas del Gobierno de Nayib Bukele.

America Publicidad S.A. de C.V. y el grupo radial SAMIX, ligadas a procesos judiciales desde 2017, aparecen en la base de datos como proveedores de servicios a instituciones públicas, entre ellas, Casa Presidencial, de acuerdo a los registros analizados por Infodemia.

La Fiscalía General, dirigida entonces por Douglas Meléndez, solicitó el embargo de bienes por $11 millones a Grupo SAMIX, un aproximado de $5 millones para America Publicidad, como parte de las investigaciones del presunto lavado de $22 millones de los $246 sustraídos por el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009), condenado por peculado y lavado de dinero.

En la actualidad, estas empresas se encuentran bajo dominio del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), una entidad que controla bienes muebles, inmuebles, vehículos y dinero que el Estado confisca a redes de narcotráfico, pandillas, corrupción o lavado de dinero.

Según los registros, América Publicidad S.A. de C.V., obtuvo 19 adjudicaciones por un valor de $3.15 millones para servicios a CEL, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).

En 2019, Casa Presidencial adjudicó a Grupo Samix S.A. de C.V. un total de $4 mil para el servicio de pautas publicitarias radiales.

También el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) adjudicó un aproximado de $452 para transmisión de 430 cuñas publicitarias y el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) destinó $904 para servicios de cobertura, segmentación y compra de pauta en medios radiales.

Asimismo, el bukelismo ha adjudicado contratos a otras agencias de publicidad vinculadas al conocido publicista salvadoreño José Antonio Lemus Zaldívar, conocido como Antonio Lemus Simún, quien junto a sus hijos Ricardo Ernesto Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zelaya han enfrentado acusaciones por el presunto delito de lavado de dinero y activos en el marco del ‘caso Saca’.

Lemus Zaldivar es fundador de las empresas ANLE, vinculada directamente por la Fiscalía al esquema de lavado del expresidente Saca, y Lemusimún Publicidad. Documentos públicos del Centro Nacional de Registros (CNR) lo colocan como representante legal de esta última empresa al menos en 2010.

El nombre comercial Lemusimún, que no figura en el proceso judicial y se encuentra en un proceso de renovación de marca, obtuvo 25 adjudicaciones por un valor de $9.4 millones con distintas instituciones públicas. Los principales contratantes han sido el Ministerio de Hacienda con $3.53 millones, Bandesal con cerca de $1.33 millones y el Ministerio de Educación con un millón de dólares.

La Casa Presidencial, el CONAB y la empresa Lemusimún no respondieron a una solicitud de información realizada por Infodemia.

Juicio contra Saca y los publicistas

Durante un juicio en su contra en agosto de 2018, el expresidente Antonio Saca confesó que durante su mandato varias empresas de publicidad y comunicaciones participaron en un entramado de desvío de fondos públicos que alcanzó los $300 millones.

En la declaración, Saca afirmó que se reunió en privado con los representantes de las agencias de publicidad para pedirles que aumentaran la frecuencia de la pauta de los mensajes de la Presidencia, a fin de mejorar y mantener la imagen de su gobierno.

Agregó que les ofreció contratos expeditos, sin ningún tipo de licitación o concurso público, a cambio de que las pautas debían hacerlas a través de las radios de mayor rating del país, entre las cuales se encontraban algunas emisoras propiedad de su familia, parte de la sociedad Saca Mixco (SAMIX).

“Siendo esta una condición para contratarlos, estableciéndose por su parte que un porcentaje de lo que se le pagaría por la publicidad tenía que quedar en estas empresas radiales, para lo cual le pedí a esas personas que coordinaran la publicidad con una persona que laboraba en la empresa de Grupo Samix”, testificó Saca.

El exmandatario declaró que, inicialmente, cada una de las agencias recibió un pago mensual de $100.000 para el costo de la publicidad y pactaron que las firmas se quedarían con el 20% de la comisión.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Tony Saca a 10 años de prisión por el desvío y lavado de dinero de $300 millones de fondos públicos para beneficio propio y de terceros, incluyendo su antiguo partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

De este caso se derivó otro proceso llamado Destape a la corrupción II, en el que son imputados la esposa del expresidente, Ana Ligia Sol de Saca y otras 14 personas, entre ellos, Lemus Simún.

En enero de este año, la defensa solicitó al Tribunal Sexto de Sentencia suspender el proceso contra el publicista por complicaciones de salud, pero el juez denegó la petición, informó Diario El Mundo.

El influenciador de X que recibió $255 mil

Una empresa del influenciador Porfirio Chica recibió al menos dos contratos por un valor de $255 mil para servicios de consultoría en estrategia publicitaria en medios digitales y dar a conocer los programas de dos instituciones públicas, de acuerdo a procesos de contratación oficial revisados por Infodemia.

Según la base de datos de Comprasal, la empresa LARED, Comunicación y Crisis, S.A. de C.V., obtuvo un contrato con el Ministerio de Vivienda el 27 de febrero de 2025, bajo el código 3600-2025-P0087, por medio de una licitación competitiva por $102 mil.

Los documentos señalan que en este proceso de licitación, que inició el 29 de enero, solo participó una firma más, SUGESAL, pero la cartera de Estado se decantó por la oferta de La Red.

Al frente del ministerio de Vivienda se encuentra Michaelle Sol, esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Ambos integran el círculo de confianza del mandatario Nayib Bukele.

El registro indica que LARED recibió tres pagos tras la recepción de obras o servicios: el primer monto fue del 10 de abril de 2025, el segundo fue del 8 de mayo y un desembolso final por más de $10 mil el 23 de mayo.

El otro contrato adjudicado corresponde a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) por un monto de $153 mil destinado para servicios de consultoría estratégica publicitaria en medios digitales y avances para dar a conocer los avances institucionales de la institución adscrita a la presidencia.

La adjudicación de la consultoría, que tuvo una vigencia de 45 días, fue anunciada el 24 de abril de 2026, bajo el código de proceso 0562-2026-P0031, luego de una contratación competitiva.

El beneficiario final de la asignación es Porfirio de Jesús Chica Argueta, un exdiputado suplente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora en la oposición, y un personaje cercano al expresidente Elías Antonio Saca, que gobernó 2004-2009.

En su cuenta de X, Chica se define como un influenciador de redes sociales, mientras que en la foto de portada de su perfil hace publicidad a una marca de café premium e indica que aceptan bitcóin y la billetera digital Chivo, que fue el proyecto insignia de Bukele cuando estableció la cripto como moneda de curso legal en 2021.

En sus abundantes publicaciones en la red social, Chica exalta y defiende las políticas de Bukele, ataca a la oposición y a periodistas y reflexiona sobre política internacional.

La empresa LARED no respondió a una solicitud de información de parte de Infodemia.

Según una investigación periodística de El Faro, Chica es un operador político y de medios de comunicación que en 2015 coordinó una red de opinadores que incluye analistas, políticos, columnistas para respaldar la candidatura a la reelección del exfiscal Luis Martínez, quien fue condenado en 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de investigación.

Además, Chica es mencionado en una serie de audios de conversaciones entre varios operadores políticos, entre ellos los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Antonio Saca (2004-2009), que se reunían, entre otros objetivos, a planificar ataques a adversarios.

Este grupo fue señalado por supuestamente obtener de forma ilegal información clasificada en la fiscalía de Estados Unidos para afectar al expresidente Francisco Flores (1999-2004), de acuerdo a una investigación de la revista Factum.

Empresas vinculadas a diputado Nuevas Ideas

En los registros analizados, también aparecen las empresas Plan B S.A. de C.V. y Media Latam Group S.A. de C.V., vinculadas a Christian Guevara cuando aún no ocupaba el cargo de jefe de fracción de Nuevas Ideas (NI) en La Asamblea Legislativa.

Entre 2019 y 2023, la agencia de marketing digital y publicidad Grupo Plan B acumuló un total adjudicado de $387 mil, repartido en 15 contratos independientes con igual número de instituciones públicas, entre ellas CORSATUR, Ministerio de Salud y ANDA.

Otra de las empresas vinculadas al diputado Guevara es Media Latam Group S.A. de C.V., que entre 2020 y 2023 obtuvo cinco adjudicaciones con dos instituciones del Estado, por un monto total de $714 mil, dos con la alcaldía de San Salvador ($558 mil) para servicios de agencias de publicidad y pauta digital en redes sociales.

Además, obtuvo una adjudicación con el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes para un servicio de elaboración de material para pauta publicitaria por $79 mil, y dos contratos con ANDA para publicidad y servicio de animación 2D para una campaña educativa de fuentes de agua potable, por un costo total de $77 mil.

Sin embargo, Guevara manifestó en X en agosto de 2023 que dejó esa empresa en 2018.

El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, no respondió a una solicitud de comentario enviado por Infodemia, por medio del equipo de comunicaciones de la Asamblea Legislativa.

Un reporte de Focos indica que Guevara participó en la reestructuración de Grupo Plan B como directivo y secretario; mientras que fue apoderado de Media Latam Group, firma donde su esposa es supuestamente accionista fundadora. Pese a esto, el legislador afirma públicamente que ninguno mantiene vínculos actuales con estas empresas.

El Gobierno destinó $313 mil en campaña desinformante contra ONG

El Gobierno de Nayib Bukele destinó al menos $313 mil para desarrollar una campaña desinformante con contenido engañoso en medios de comunicación masivos sobre la polémica Ley de Agentes Extranjeros y el pago de impuestos por parte de organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con los registros oficiales de compras revisados por Infodemia, el monto destinado para esta campaña fue de $350,000, de los que se han adjudicado $313 mil a la empresa PLAYER MEDIA, S.A. DE C.V.

Los términos de referencia indican que se trata de la «contratación de servicios de agencia de publicidad para el desarrollo inmediato de campaña informativa para la implementación efectiva de la Ley de Agentes Extranjeros, para la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, Dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Ministerio de Gobernación (MIGOB)».

En diferentes canales de televisión y redes sociales transmitió un vídeo de 1:35 minutos de duración, elaborado con un diseño plano y una voz en off que menciona: “Ya está vigente la Ley de agentes extranjeros que busca transparentar el uso de fondos extranjeros, asegurando que quienes los utilicen para fines políticos paguen los impuestos correspondientes”.

La adjudicación de esta campaña se produjo el 30 de junio de 2025, un mes y diez días después de la aprobación de la ley realizada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) en la Asamblea Legislativa y sus aliados.

Antes de la aprobación de esta ley, en El Salvador ya había normas que se aplicaban a las organizaciones y a sus fondos, incluidos los de origen extranjero. Lo que no existía era un régimen general sobre el financiamiento extranjero.

La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y su reglamento se encargaban de establecer varios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, que van desde el registro en una instancia gubernamental hasta el control financiero, interno y estatal.

Para existir legalmente, toda organización debía inscribirse en un registro público del Ministerio de Gobernación. Ahí constaban sus estatutos, directivos y miembros. Las organizaciones extranjeras debían inscribirse también y presentar documentos sobre su situación financiera.

Sus recursos solo podían usarse para los fines declarados y no podían repartirse entre miembros ni directivos. Para comprobarlo, debían llevar contabilidad formal y entregar cada año al Registro estados financieros auditados.

Si una organización manejaba fondos públicos, la fiscalizaban el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas. La Fiscalía podía investigarla por desvío de fondos, y un juez podía disolverla por mal manejo de recursos.

Además, desde 2014 la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos incluía a las ONG entre sus sujetos obligados. Debían identificar a quienes les entregaban fondos, conservar la documentación de sus operaciones durante cinco años y reportar movimientos sospechosos a la Fiscalía, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Estos elementos permiten colocar a la afirmación hecha en la campaña publicitaria en la categoría de Engañoso, que es cuando la afirmación parte de datos ciertos, pero es expresada a medias con la intención de confundir, engañar o manipular. Además, no se proporcionan aspectos importantes.

El director de la organización humanitaria Cristosal, Noah Bullock, también considera que el fondo de ley y el contenido de la publicidad es engañoso, ya que antes de la aprobación de la legislación, las autoridades salvadoreñas ya exigían mecanismos de transparencia en el uso de fondos provenientes del extranjero.

“De hecho, las organizaciones no gubernamentales fuimos más transparentes que el mismo gobierno que ahora nos quieren regular. La ley no tiene nada que ver con transparencia, es una ley que busca castigar a la voz de crítica de la sociedad y controlar las actividades de la ciudadanía”, dijo a Infodemia.

Cristosal ha sido una de las organizaciones más atacadas por el oficialismo debido a sus críticas a las detenciones y violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022.

Además, es una de las asociaciones civiles que le ha exigido al gobierno de Bukele rendición de cuentas, entre esos casos, el uso de $329 millones de fondos públicos en el proyecto de bitcóin, en 2021.

La jefa de la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, fue detenida el 18 de mayo de 2025 supuestamente por el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que enfrenta un proceso judicial con reserva. Diversas organizaciones de derechos humanos han pedido su liberación, ya que consideran que se trata de persecución contra voces críticas.

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros que grava con un 30% por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo que provienen de fondos del mandante extranjero hacia sus agentes en El Salvador.

Desde su aplicación, por lo menos, unas cinco organizaciones han anunciado el cierre de operaciones en El Salvador, entre ellas Cristosal, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Fundación para la Aplicación de Derecho (FESPAD).

El presidente Bukele anunció que impulsaría esta ley horas después que un grupo de campesinos protestaran cerca de su zona de residencia por el desalojo de una propiedad.