Durante el gobierno de Bukele, el Estado otorgó 23 contratos de manera directa por más de $218.5 millones, pagó casi el doble por unos puentes anunciados en $24.4 millones y dejó inconclusas 19 obras comunitarias en el oriente del país.
El Estado salvadoreño no asistió a dos audiencias de la CIDH en Panamá, donde organizaciones denunciaron capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción.
Según un reciente informe estadounidense, el Estado de El Salvador ha implementado marcos legales y programas para reducir el problema del trabajo infantil, sin embargo, persisten retos debido a la pobreza, la falta de recursos y la aplicación limitada de las leyes.
En la entrevista con el medio estadounidense, Nayib Bukele buscó desmarcar a sus funcionarios de confianza de las sanciones impuestas por Estados Unidos por negociar con las maras.
El Salvador nuevamente utilizó la carta de “no injerencia” para no pronunciarse en contra de las violaciones a procesos democráticos, pero las evidencias muestran que la intromisión del país centroamericano ante los asuntos internos de otros países es constante.
En su discurso del 15 de septiembre, el presidente Nayib Bukele destacó la baja de la migración y las intenciones de retorno como logros significativos de su Administración, pero el mandatario emitió información engañosa e imprecisa sobre el tema migratorio.
