Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Óscar Alexis Arévalo, un joven de 19 años, fue encontrado recientemente en una fosa clandestina. Organizaciones sociales denuncian reserva de información y falta de voluntad política en casos de personas desaparecidas.
Aunque muchos salvadoreños se oponen a las reservas de información y las dispensas de trámite en la Asamblea Legislativa, una parte significativa de la población apoya estas medidas, motivada por su fe en el presidente Nayib Bukele.
El acuerdo entre la empresa turca Yilport Holding y el Gobierno de El Salvador, que establece una inversión de $1,615 millones para la modernización de los puertos de Acajutla y La Unión para su cesión por 50 años, fue puesto bajo reserva por CEPA, que no entregó ni versión pública.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que no ha existido una reserva de información relacionada con los gastos y contrataciones de dicho órgano, una afirmación desmentida por documentos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de la misma Asamblea.
