Un diagnóstico sobre las causas de la migración señala que el número de solicitudes de refugio y asilo de salvadoreños en diferentes partes del mundo continúan siendo altas. Entre 2019 y los primeros seis meses de 2023, creció un 49%
Mientras el vicepresidente Félix Ulloa dice que se está en el momento propicio para impulsar una reforma de la Carta Magna, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, señala que no lo están evaluando aún.
Funcionarios y amplificadores en redes sociales de los mensajes del bukelismo insisten en empujar esta narrativa desinformativa, que no toma en cuenta todos los da
El presidente Nayib Bukele aseguró a través de su cuenta de X que el país continuará con el "programa" de compra diarias de bitcóin (BTC) y que ha almacenado una gran parte de sus reservas en una billetera fría, pero esto no garantiza una “máxima transparencia”, como han afirmado funcionarios del bukelismo.
Un reciente vídeo de un youtuber afirma que pandilleros habrían amenazado recientemente a los salvadoreños, pero los sucesos a los que se refiere han sido sacados de contexto y no son acordes a los hechos actuales.
El Salvador ha registrado mejoras de seguridad y reducción de violencia relacionada a las pandillas debido al polémico régimen de excepción; no obstante, cientos de salvadoreños siguen migrando irregularmente por razones de seguridad, según cifras oficiales.
Más allá de la decisión catalogada como conservadora, activistas de derechos humanos ven violaciones constitucionales de acceso a la educación y a la salud que podrían tener un impacto en toda la población.
Estudios de opinión revelan que las familias salvadoreñas señalan el aumento de la canasta básica, el incremento del costo de vida y el desempleo como sus mayores preocupaciones, poniendo en duda la afirmación de CID Gallup sobre la mejora económica familiar que existe en el país de acuerdo a su última encuesta
Solo la deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) generada por el Gobierno de Nayib Bukele desde abril de 2023, tras una reforma aprobada en la Asamblea Legislativa, asciende a $1 mil 247 millones.
El magistrado Noel Orellana aseguró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene la facultad de exigir al Ministerio de Hacienda el pago de la deuda política a los partidos contendientes en las elecciones. Señala que la única capacidad que poseen es brindar una certificación del resultado de las elecciones. Esto es engañoso
