El 22 de noviembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia en contra del Estado de El Salvador por violencia obstétrica en el caso Beatriz ocurrido en 2013.
En marzo de 2021 se conoció que ambas partes negociaban un paquete, pero en septiembre de ese año las conversaciones se entramparon luego que el gobierno de Bukele oficializara el bitcóin como moneda de curso legal.
El Congreso salvadoreño, de mayoría oficialista y sus aliados, aprobaron dos leyes que podrían provocar censura y presiones sobre los medios de comunicación, sobre todo en casos que sean críticos del gobierno de Bukele.
En su campaña de promoción para reactivar la minería metálica en El Salvador, Bukele afirmó que El Salvador es el único país que tiene prohibiciones para extraer metales en el mundo, pero esto no es cierto, ya que otras naciones también legislan al respecto.
El régimen de excepción en El Salvador, aplicado para combatir la delincuencia, ha reducido los índices de violencia según el gobierno, pero también ha desencadenado denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos humanos y traumas psicológicos a inocentes detenidos y a sus familiares.
En el distrito de Ayutuxtepeque existen dos comunidades semirurales conectadas a penas por tuberías de agua que la gente utiliza para transitar. En el lugar todavía se observan grafitis de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios como testigos visibles de un pasado marcado por la violencia y el dominio de estos.
Los feminicidios registraron una baja del 42.85% entre 2022 y 2024, según el Observatorio de violencia contra las mujeres de ORMUSA. Pero organizaciones feministas denuncian falta de acceso a la información y temen un subregistro de parte de las autoridades.
El Gobierno de El Salvador suscribió un acuerdo con la compañía de origen chino a través de la Secretaría de Innovación para promover la formación en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sin embargo, la presidencia dice no identificar el documento.
Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.
Instituciones de gobierno indican que el país centroamericano recibió 3,4 millones de turistas el año pasado, sin embargo, esta cifra tiene una discrepancia con las estadísticas de ONU Turismo, pero esto se debe a la inclusión de una variable adicional que según los expertos es correcta.
Los representantes legales y fundadores de estas empresas enfrentaron a la justicia por pagos de sobornos, malos manejos de fondos o contrataciones opacas. Sin embargo, eso no impidió que el Estado durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammatei siguieran requiriendo sus servicios y les inyectaran recursos con millonarios contratos de obra pública o adquisición de medicinas. Algunos de estos contratos sobreviven hasta el año 2024 cuando gobierna Bernardo Arévalo. Estas son las empresas que resistieron una embestida anticorrupción sin parangón en el país y que en conjunto han firmado contratos con el Estado de Guatemala por US$1.8 millardos (Q14 millardos).
Se registra un aumento de 10.1% de las jefaturas femeninas en 17 años. Según expertas consultadas, este fenómeno está vinculado a la violencia, pero, además, a las actuales políticas de seguridad, principalmente el régimen de excepción.
